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jueves, 16 de enero de 2014

LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA [IIª]: Los once meses preconstitucionales del Gobierno Suárez hasta las 1as elecciones de la Democracia



“No es posible pensar en resolver los problemas de Cataluña sin España, ni los de España sin Cataluña” (noviembre/1976).
Josep Tarradellas i Joan, marqués de Tarradellas (1899~1988). Político español, Presidente de la Generalidad de Cataluña en el exilio desde 1954 hasta 1977, y de la Preautonomía catalana hasta 1980.
Pretendo con el delgado hilo de las palabras, hilvanar las cuentas del collar histórico de la TRANSICIÓN. Las cuentas de este collar son los hitos que nos irán conformando la Historia real de los acontecimientos que se produjeron en nuestra España. Por eso creo que es necesario pormenorizar los sucesos acaecidos entre el otoño del 76 y los comienzos del 77,… y siempre faltará algo.

En este período, de una importante y gran inestabilidad social, la TRANSICIÓN anduvo de puntillas sobre el delgado filo de una confrontación social, similar a la que desembocó en la Guerra Civil de 1936. Nunca estuvimos más cerca de un nuevo resurgir de las DOS Españas, ni más lejos de la Democracia que ambicionábamos y G. a D. hoy disfrutamos. Nuestros jóvenes deben,… «tienen» que conocer la Historia y asumirla, para no volver a repetirla.

En esta España predemocrática, el otoño del 76 fue un otoño muy caliente, nadie que no lo haya vivido puede imaginarlo. Al igual que como veremos, lo fue el durísimo período desde enero hasta mediados de febrero del 77, que supuso sin lugar a dudas el punto más álgido, crítico y difícil de todo el proceso de la TRANSICIÓN.

En ese otoño se hablaba en España ante todo de política, se hablaba más de «libertad» de lo que los españoles “creíamos” en ella,… Se hablaba de esa «libertad sin ira» que decía en su canción el grupo Jarcha. Y los grupos políticos de la izquierda, liberales y nacionalistas vascos y catalanes seguían sin creerse la apertura a una España democrática, y mostraban mediante manifestaciones sus exigencias en la calle y en declaraciones públicas al gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez. Querían muestras inequívocas de un cambio, que a Suárez le era difícil de poder implantar políticamente a menos de un año de la muerte de Franco.
Suárez no obstante, con la vigilancia del Rey, seguía luchando contra el postfranquismo heredado, continuaba de la forma más acelerada que podía, el desmontaje de instituciones y leyes que pudieran impedir la apertura hacia la Democracia, tomando decisiones políticas que eran para muchos españoles nostálgicos, una flagrante traición del pasado.


El 11 de septiembre se permite por primera vez desde los tiempos de la República, la celebración de la Diada en Barcelona, satisfaciendo a los entonces reducidos grupos nacionalistas catalanes. Una vieja aspiración prohibida durante los últimos cuarenta años, que recuperaban esos nacionalistas voceros del status de una «supuesta nación» que nunca en la Historia de España han detentado. Saben desde su estulticia, que los derechos de propiedad sobre algo, sólo los detenta el propietario (que en este caso descansa sobre “todo” el pueblo español), nunca lo puede hacer un arrendatario o el okupa temporal.

Muy difíciles y tensos fueron también los tiempos para este gobierno de TRANSICIÓN, por la reactivación de TODOS los grupos terroristas «que aprovecharon estos momentos de debilidad institucional» realizando numerosos atentados y secuestros, tanto por parte del grupo terrorista ETA como el de los GRAPO, grupo terrorista de extrema izquierda nacido a la muerte de Franco, en 1975.

El 11 de noviembre se produce el secuestro por el GRAPO de D. Antonio María de Oriol y Urquijo, Presidente del Consejo de Estado, y las exigencias iniciales del GRAPO al gobierno a cambio de su vida, las traducen posteriormente en la exigencia de una Amnistía General, amenazando con mantenerlo secuestrado hasta que el gobierno la formalice. El secuestro, por la importancia del personaje, pone los proyectos acelerados del gobierno contra las cuerdas, amenzando con desestabilizar el camino recorrido.

El 12 de noviembre, al día siguiente,  la izquierda política y las organizaciones sindicales tienen proclamada una Huelga General, echándole así un nuevo pulso al Gobierno en el peor momento posible, y con la clara intención de mostrar con esta movilización general toda su fuerza de representación y de respuesta en la calle, quizás porque a tan solo cuatro días se iba a debatir en las Cortes la Ley para la Reforma Política (LRP). Siempre he dicho que no hay casualidades sino causalidades.  
La LRP aunque no fue negociada con la oposición, ésta se encontraba puntualmente informada de su contenido, y respondía a las exigencias mínimas para ser aceptada por la oposición de izquierdas. La finalidad de Suárez con esta Ley, era generar en el Congreso y en el Senado, un marco de representación proporcional y política que confiriera una nueva legitimidad a las instituciones, restableciendo en las mismas a la oposición política.


El 20 de noviembre de 1976, la agitación y la inestabilidad de la izquierda y de los grupos ultra, hacen que en el primer aniversario de la muerte de Franco, las permanentes inestabilidades políticas de la izquierda se vean motivadamente contestadas por las exaltaciones nostálgicas de una derecha, que se siente  profundamente traicionada por unos políticos a los que consideran perjuradores.

No obstante el gobierno sigue su camino, y a finales de noviembre se celebran también conversaciones del gobierno con el honorable Josep Tarradellas, en su exilio de Francia desde la Guerra Civil, que muestra en esos momentos su altura de estadista, acallando a los movimientos secesionistas de los nacionalistas catalanes al decir públicamente:  «no es posible pensar en resolver los problemas de Cataluña sin España, ni los de España sin Cataluña».
Estas conversaciones directas entre el gobierno de Suárez y diversos personajes de la oposición política fuera de España como Santiago Carrillo del PCE, son llevadas a cabo por José Mario Armero, abogado especialista en asuntos internacionales, periodista y escritor, y en esos momentos presidente de la agencia Europa Press. Armero, una persona de absoluta confianza de Suárez, fue el encargado de allegar posturas y limar asperezas políticas en numerosos encuentros, con la intención de integrar en la futura Democracia a aquellas personalidades que formaban parte de políticas hasta esos momentos ilegales en España.

En esta línea, los partidos aún no legalizados que formaban parte de la oposición política dentro del territorio nacional en los últimos meses del 76, crearon un grupo interlocutor frente al gobierno al que se denominó como la Comisión de los Nueve y que a falta de la legalización del PCE y de la vuelta de Santiago Carrillo del exilio, el PCE era representado en sus primeras reuniones por su amnistiado miembro Simón Sánchez Montero.
La Comisión de los Nueve desde un principio establece al gobierno una serie de siete condiciones que a su parecer son necesarias e imprescindibles para garantizar la Democracia y el libre juego en ella de los partidos políticos, pero en aras al consenso nacional y a una integración sin rencores, asumieron de forma unánime y plena, que dentro de estos puntos habían tres puntos que sabían que no eran tratables:
·         El cambio en la figura de la Jefatura del Estado de Monarquía a República.
·         La aceptación de la bandera de España, como la bandera de todos los españoles.
·         La unidad de España.


El 15 de diciembre de 1976 se convierte en una «fecha histórica», al celebrarse el Referéndum de la Ley sobre la Reforma Política (LRP) con la participación de una inmensa mayoría de los españoles, que serviría para la integración de todos los partidos políticos que conformarían la Democracia.
La participación popular fue masiva al ejercer su derecho al voto un 77,80% de los españoles. De ellos, un 94,17% votan SI a la Ley y tan sólo se produce un 2,56% de votos negativos.
Los españoles refrendaron masivamente con su voto, las medidas adoptadas por el gobierno de Suárez, abriendo con ello la vía de poder convocar las primeras elecciones de la democracia que tendrían como función primordial, conformar un Gobierno constitucionalista que afrontara la elaboración de la nueva Constitución.
El diálogo, los acercamientos y la disposición a la trasformación de las instituciones emprendida por Suárez, acrecentaron los acercamientos entre el gobierno y la oposición política. A ello se unió el respaldo popular dado por los resultados obtenidos en el Referéndum.

Entre el 5 y el 8 de diciembre el PSOE celebra en Madrid su XXVII Congreso, con la clara intención de revestir al socialismo español de un reconocimiento y una credibilidad democrática que reforzara su fuerza política y su capacidad negociadora frente al gobierno. Al acto acudieron los principales líderes del socialismo europeo como Willy Brand, Olof Palme, François Mitterrand, Pietro Nenny, Michel Foot y otros representantes socialistas, que respaldaron al Congreso socialista y le dieron con su presencia un marchamo internacional.

El 22 de diciembre a las siete menos veinte de la tarde es detenido Santiago Carrillo en Madrid por funcionarios de la policía. Es trasladado a la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol junto al resto de la cúpula del PCE en Madrid, entre los que se encontraban Julio Aristizábal, Victoriano Diaz-Cardiel, Jaime Ballesteros, Juan Manuel Azcárate, Pilar Bravo, Simón Sánchez Montero y Santiago Alvarez, generando esta detención un problema político “prematuro” a Suárez, aunque realmente, como posteriormente manifestó Martin Villa, Ministro de la Gobernación, supuso aflorar el otro problema mayor que le suponía al gobierno el que fuera “vox populi” la estancia clandestina de Santiago Carrillo en Madrid desde el 7 de febrero.

El Comité Ejecutivo del PCE emitió un comunicado a las ocho media de la tarde, en el que manifestaba entre otras cosas «su más enérgica protesta por la detención de Santiago Carrillo», y la calificaba como «descarada violación de los derechos humanos», afirmando « que contradice las reiteradas declaraciones del Gobierno de su voluntad de convivencia y de democracia». Sobre las once de la noche se organizó una manifestación silenciosa con una participación cercana a las 3000 personas, en la esquina de la calle Montera, frente a la Dirección General de Seguridad, y posteriormente se encaminaron por la calle Mayor hacia el Gobierno Civil, continuamente vigilados por la policía.
Santiago Carrillo no quiere que se le expulse de España y el gobierno que sabe que ésta tampoco era una solución que resolviera el problema, decide su pase a disposición judicial. Carrillo tan solo pasa 7 días en la cárcel de Carabanchel, saliendo el 29 de diciembre y quedando a disposición judicial, libre bajo fianza. Su situación judicial, como la de otros casos, dependía de la vigencia legislativa del Tribunal de Orden Público (TOP) y su ámbito de competencias.

El 23 de diciembre se celebran las primeras negociaciones entre el gobierno y la oposición, al entrevistarse oficialmente Suárez con Tierno Galván y Jordi Puyol. Con esta reunión, el Presidente Suárez se situó en la línea de credibilidad democrática que necesitaba para afrontar un diálogo abierto, otorgando a la oposición política el peso y el reconocimiento que venían solicitado hasta esos momentos. 


El 4 de enero de 1977 se reunieron en un lugar no determinado por motivos de seguridad,  los nueve miembros de la comisión negociadora que integraban la Oposición política, denominada como la Comisión de los Nueve. Estaba integrada por:  Enrique Tierno y Felipe González (por los socialistas), Joaquín Satrústegui (por los liberales), Antón Canyellas (por los democratacristianos), Francisco Fernández Ordóñez (por los socialdemócratas), Santiago Carrillo (por los comunistas), Jordi Pujol (por Cataluña), Valentín Paz Andrade (por Galicia» y Julio Jáuregui (por el País Vasco).
A esa reunión es la primera a la que asiste Santiago Carrillo después de su salida de la cárcel. En la anterior reunión de la Comisión celebrada el pasado 28 de diciembre en el despacho de Satrústegui, el PCE  se encontraba representado por José Sandoval, quien manifestó ante todo la necesidad de que el Sr. Carrillo fuera liberado.
La reunión del 4 de enero, “formalizó” la Comisión de los Nueve y sus integrantes, siendo su prioridad, el manifestarle al gobierno la necesidad de que la Oposición política participara en la elaboración de las normas electorales.

El 5 de enero de 1977 se publica en el BOE la aprobación de la Ley de la Reforma Política en el Referéndum del 15 de diciembre por un 94,17% de los españoles.
También ese 5 de enero, el BOE nº 4 de fecha 4 de enero publica el R.D. Ley 1/77, por el que se crea la Audiencia Nacional, suprimiéndose en el mismo el Tribunal de Orden Público (TOP) y sus competencias. La Audiencia Nacional asumía entre sus competencias, aquellos delitos que abarcaran el territorio de más de una Audiencia Provincial, fuero que asumía hasta esos momentos el TOP. Dicho cambio legislativo, abría las puertas a la legalización de aquellas fuerzas políticas de oposición como el PCE, hasta esos momentos “ilegales”, propiciando su libre participación pública.

El 11 de enero, Joaquín Satrústegui, Felipe González, Antón Canyellas y Julio Jáuregui como parte de la Comisión de los Nueve vuelven a reunirse, siendo la primera cuestión fundamental de la reunión trasladar al gobierno que «la legalidad de los partidos políticos no deberían estar supeditada a la aprobación del poder ejecutivo», y comunicar al gobierno su negativa a formalizar su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, siempre que la aceptación y control de dicho registro dependiera del Ejecutivo. Suárez entendió el recelo que tal situación planteaba, siendo aceptada la sugerencia por el Gobierno, que modificó posteriormente la ley existente.

Y ocurren dos situaciones contradictorias en la sociedad española, comienza a ponerse de moda la palabra «consenso», mientras en un sentido opuesto, se agudizan los actos violentos y ataques de grupos de la extrema derecha a las librerías denominadas “rojas”. Existía una inestabilidad y tensión social que tenía que explotar,…y explotó.


El 23 de enero da comienzo la denominada «la semana sangrienta», muriendo de un disparo Arturo Ruiz por un activista derecha del grupo Guerrilleros de Cristo Rey, en la manifestación que había sido convocada por la izquierda sobre la Amnistía General. A esta muerte le sigue la manifestación convocada esta vez por la condena de los hechos, y durante el proceso de la manifestación, por la acción de un bote de humo de la policía, se produce la herida grave en la cabeza de la manifestante Mª. Luz Najera, que fallece al día siguiente.
Por si el ambiente no estuviera suficientemente enrarecido, el GRAPO secuestra al Tte. Gral. Emilio Villaescusa Quilis, que había sido nombrado el 7 de junio de 1976, Presidente del Consejo Superior de Justicia Militar (CSJM).
El mismo día 24 de enero, a las 10,45 de la noche se producen los asesinatos de los abogados de un bufete laboralista en el número 55 de la calle de Atocha, conocida como la Matanza de Atocha, por un grupo de ultraderecha, que a sangre fría ejecutaron a cinco abogados del partido Comunista. Todos estos actos inquietantes y en escalada, siembran en algunos sectores de la sociedad española, la sospecha de que los acontecimientos pudieran ser la antesala de una nueva Guerra Civil.
Pero los crímenes de Atocha crea el efecto contrario para el que estaban programados. Tal ignominia generó en la sociedad y forzó en el gobierno a la necesidad política de acelerar el proceso de legalización del PCE. Si la extrema derecha con sus crímenes en Atocha pretendía una involución, había conseguido forzar y acelerar justamente lo contrario. Y aún no había terminado la semana.

En la mañana del viernes 28 asesinan a tiros a dos policías armados que custodiaban una Caja Postal en Madrid, rematándolos con un tiro en la sien, y nada más que dos horas mas tarde el GRAPO mata a un guardia civil y hiere gravísimamente a otros tres.
El sábado 29 se celebran las honras fúnebres por los policías asesinados en un ambiente de una alta tensión. A las 10 de la noche, Suárez ve la necesidad de aparecer en televisión para condenar tajantemente todos los hechos e intentar aclarar y apaciguar a la sociedad, terminando su palabras con frases esclarecedoras como: «de actitud y predisposición al diálogo político TODO,  de abrir el juego político, TODO”,… pero de entreguismo a la subversión NADA».
No sé si estas palabras calmaron la inestabilidad que vivía España en esos momentos, lo que sí es cierto es que a partir de entonces hubo por parte de TODOS, «una calma general y buenas noticias».

10 de febrero de 1977. El día 10 se publica el R.D. Ley 12/77 sobre el derecho de Asociación Política. Con ello se abre puerta a la inscripción de los partidos políticos y a su derecho de asociación, permitiendo su legalización. Suárez seguía de manera inexorable su apertura a la Democracia, abriendo los canales de participación ciudadana que la harían posible.

 El 11 de febrero por fin una magnífica noticia para el gobierno. Siguiendo los procesos de investigación abiertos sobre los secuestros de Oriol y Villaescusa, la policía a las dos y diez de la tarde llama al timbre de la puerta del piso bajo del número 8 de la calle Sierra de Alcubierre en Alcorcón, les abre Abelardo Collazo, quien es inmediatamente inmovilizado y detenido, siendo liberado el Tte. Gral Villaescusa, quien en un primer momento se sorprendió por el desaliñado aspecto que presentaban los inspectores de la policía.
Siguiendo la investigación en curso y sin dar tiempo a los secuestradores, hacia las cuatro menos veinte de la tarde, los inspectores del cuerpo general de la policía irrumpen en el piso 4ºD del número 33 del bloque 21 de la calle San Claudio, situado en la colonia del Sardinero próxima al pueblo de Vallecas, liberando al seño Oriol. En este caso les abrió la puerta una joven de veinte años que al intentar cerrar la puerta cogió la mano del policía, al que se le disparo su arma accidentalmente. En la vigilancia de Oriol se encontraba Gil Araújo, que no llevaba ningún arma, aunque se encontró en el piso una pistola. Una vez más el éxito de la policía había sido total.
En esta fecha también se produce otro hecho reseñable, por lo que suponía a la participación política en la vida democrática, el PCE presenta toda la documentación para ser inscrito legalmente como partido político.

España a partir del 11 de febrero se entra en una nueva etapa de normalidad, no obstante jalonada por la aprobación de numerosos decretos que iban “modelando” la apertura al juego democrático. Al hilo de estos citaré la publicación el 23 de marzo el R.D. Ley que establecía las Normas Electorales que regirían en las primeras elecciones generales democráticas. El 1 de abril la derogación de la antigua Ley de Prensa e Imprenta y con ello el fin de la censura, las sanciones a la información y los posibles secuestros de periódicos. Ese mismo día se publica también un Decreto que supondría la total disolución del Movimiento Nacional. El 4 de abril el BOE publica la Ley que regulará el derecho de asociación sindical.

El 9 de abril, sábado santo, una vez emitido por la Junta de Fiscales su informe favorable, Suárez toma personalmente su decisión más difícil y arriesgada: la legalización del PCE. Todo el gabinete del gobierno se encontraba de vacaciones y prácticamente a su totalidad les pilló de sorpresa la decisión de Suárez, que buscó precisamente del tono vacacional de esos días, una menor capacidad de reacción de los medios periodísticos y políticos.
La legalización del partido comunista fue como más tarde se demostró, el paso más importante de la TRANSICIÓN tomado por Suárez, al intentar crear una nueva convivencia pacífica que “superara la confrontación de la Guerra Civil”. Pero era indudable que había sectores de la sociedad, a los que esta medida no les iba a gustar. Fraga por ejemplo, juzgó el hecho como un “verdadero golpe de Estado”, aunque posteriormente rectificara este discurso inicial.
Hay que «comprender» también que a una determinada cúpula militar que habían estado en la Guerra Civil, aunque disciplinada por su propia ética militar, tampoco les gustó la decisión. Digo que hay que «comprender» porque nadie que no haya estado en una guerra, sabe las profundas heridas que produce. Era por lo tanto muy diferente para aquellos que habían sido testigos y habían sufrido cruelmente el tener que “vivir” más que “ver”, como un pueblo y un ejército se masacraban a lo largo de tres largos años de penurias y sufrimientos, con más de un millón de muertos entre los dos bandos, de una población española en esos momentos que no superaba los dieciséis millones.

Los horrores de la Guerra Civil española «eran en esos momentos imposibles de olvidar», y prueba de ello es, que la izquierda en 2014 todavía «sigue recordándola con argumentos como la Memoria Histórica». Sin embargo, el ejército siempre ha sido disciplinado y sólo mostró su malestar en una escueta nota del Consejo Superior del Ejército, donde manifestaba su repulsa por lo que calificaba como un “hecho consumado”.   

No obstante el 11 de abril, dos días después, el almirante Pita da Veiga que formaba parte del gobierno, presenta su dimisión produciendo con este hecho, una crisis gravísima (quizás la más importante de toda la TRANSICIÓN desde la muerte de Franco, según palabras de Osorio), después de estar casi al borde de un pronunciamiento militar. Se le sustituye por el Almirante en la Reserva, Pascual Peri Junquera.

El 14 de mayo, los Condes de Barcelona vuelan desde Estoril a Madrid. D. Juan, padre del Rey, tiene la finalidad en un acto que se celebró en ese día, de formular su Renuncia a todos sus Derechos Dinásticos y a la Jefatura de la Casa real, a favor de su hijo D. Juan Carlos I. El hecho, simbólico a la par que trascendental por su significado, se desarrolla casi dentro de un ámbito casi familiar y privado, terminando su discurso D. Juan, diciendo textualmente:

«Por todo ello, instaurada y consolidada la Monarquía en la persona de mi hijo y heredero Don Juan Carlos, que en las primeras singladuras de su reinado ha encontrado la aquiescencia popular claramente manifestada y que en el orden internacional abre nuevos caminos para la Patria, creo llegado el momento de entregarle el legado histórico que heredé y, en consecuencia, ofrezco a mi Patria la renuncia de los derechos históricos de la Monarquía española, sus títulos, privilegios y la jefatura de la familia y Casa Real de España, que recibí de mi padre, el Rey Alfonso XIII, deseando conservar para mí, y usar como hasta ahora, el título de Conde de Barcelona.
En virtud de esta mi renuncia, sucede en la plenitud de los derechos dinásticos como Rey de España a mi padre el Rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero el Rey Don Juan Carlos I.
¡Majestad, por España, todo por España, viva España, viva el Rey! »

D. Juan fue nombrado en 1978, Almirante honorario de la Armada Española, y el gobierno de Felipe González los ascendió el 4 de diciembre de 1988 a Capitán General de la Armada Española.

Ése mismo día 14 de mayo, regresa a España de exilio Dolores Ibarruri (PCE), la Pasionaria, y también en mayo (el 31), D. Torcuato Fernández-Miranda dimite como  Presidente de las Cortes Generales y del Consejo del Reino. Había sido el autor material de la Ley de la Reforma Política, y con toda seguridad, una persona clave en todo el proceso de la TRANSICIÓN española.

El 24 de mayo comienza la «campaña electoral» de las primeras Elecciones Generales de la Democracia convocadas para el 15 de junio, que tenían además la importancia de ser una legislatura que iba a ser “constituyente”, es decir, de su Poder Legislativo iba a emanar la que sería la primera Constitución de la Democracia.
En menos de 11 meses, Suárez había posibilitado la «reconversión política» de una España que durante cuarenta años había estado bajo el régimen franquista, a una Democracia abierta a la participación de 22 partidos políticos, que presentaron 589 candidaturas y en las que iban a concurrir 5.343 candidatos.
La historia tiene necesariamente que recoger que en los cortos once meses que tuvo de vida el Gobierno preconstitucionalista de Suárez, no se pudo hacer más, ni más rápido, en favor de construir las bases para la implantación de la Democracia, a pesar de estar navegando en todos los momentos entre las intransigencias de unos y otros.

15 de junio de 1977, se celebran las primeras Elecciones de la Democracia.

Los resultados de las primeras Elecciones de la Democracia dieron como vencedora a la UCD de Adolfo Suárez con «166» diputados, y el resto de los partidos obtuvieron: PSOE «118» de Felipe González, PCE «19» de Santiago Carrillo, AP «16» de Fraga Iribarne, PDPC «11» el Partido Democrático por Cataluña de Jordi Puyol, PNV «8» de Juan de Aguriaguerra, PSP-US «6» de Tierno Galván y diversos partidos con un resto de 6 diputados. Reseño los resultados por lo que más adelante comentaré, con la clara intención de reflejar el verdadero nivel de representación popular durante estos últimos 18 meses del período de la TRANSICIÓN política, hasta que se produjera la aprobación de la Constitución el 6 de Diciembre de 1978.

Continúa en la LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA [IIIª]…/…


“La Transición es un gran esfuerzo de superación de las Dos Españas”
Felipe González Márquez (5 de marzo, 1942). Expresidente del Gobierno de la Democracia española (entre 1982~1996: 4 legislaturas completas)





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