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miércoles, 13 de julio de 2011

LA CRISIS (3ª): REDUCCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTARIO ESTATAL Y AUTONÓMICO

“ La riqueza es como el agua salada; cuanto más se bebe, más sed da “.



ARGUMENTACIÓN DEDUCTIVA
La  Comisión Europea ha exigido a España una rebaja del Déficit público (actualmente establecido por el Gobierno en el 72% s/PIB y por la CC.EE. en el 74%), que el Gobierno ha planteado reducir del porcentaje actual del 11,4% del PIB al 3% en 2013. Parte de este 11,4% es directamente controlable por el Estado, pero otra parte importante cae en manos de las CC.AA., de las que se carece de “cifras fiables sobre su endeudamiento real”. Por muchas circunstancias pues, tal reducción del Deficit parece difícil de conseguir, habiéndose planteado el Gobierno ejecutarlo mediante el incremento de los Impuestos hasta un 1,4%  del PIB, y el otro 4,4% (s/PIB), mediante la reducción del Gasto Público.




Incrementar impuestos contradice el espíritu de la austeridad auspiciado por el gobierno de Rodríguez Zapatero, y además existen voces muy cualificadas que opinan que es “lo contrario a lo que se debía realizar”.
Otro porcentaje también importante de reducción del Déficit público se pretende realizar eliminando Inversiones públicas, algo que también parece ser “contrario” a la actuaciones que son convenientes de realizar.

Pero además, a este déficit actual del 74% s/PIB, habría que añadir la deuda del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) que se calcula ascendería a un 10% del PIB (se habilitaron a enero/2010, 90.000 m.€) , lo que nos situaría en un Déficit  público total del 84%, según los analistas económicos de Economy Weblog.

Dentro de las diferentes corrientes economicistas, la subida de impuestos es contraria a la política que se desarrolló en un momento difícil, en tiempos del presidente Reagan, quien levantó la economía de los EE.UU. con criterios de política fiscal afines a los establecidos por el economista Arthur Laffer.

Por lo antedicho, es necesario buscar otras soluciones que no sean el incremento de los impuestos o la reducción de la inversión pública.





Es obvio que entre las primeras medidas a adoptar debe estar el aplicar un exhaustivo plan de austeridad,  que equilibre los presupuestos anuales de las diferentes administraciones (estatal, autonómica o local), a los ingresos que vayan a percibir dichas administraciones en los próximos ejercicios, no siguiendo la práctica política usual de mantener las estructuras existentes y sufragar dichos incrementos presupuestarios que realizan normalmente aumentando los Presupuestos con un porcentaje sobre los establecidos en la anualidad anterior, “implementando para sufragarlos, los impuestos a los ciudadanos”.

Para conseguir este equilibrio presupuestario, es obligado reducir gastos innecesarios, duplicados o arbitrarios, contrataciones y otras actuaciones de cualquier índole, cuya práctica se ha generalizado en los últimos ocho años por nuestros dirigentes políticos, muchas veces para primar afectos, obtener votos y siempre con el objetivo de establecer vinculaciones clientelares. Un ejemplo clarísimo lo hemos tenido con los Sindicatos, grupos Empresariales e incluso Bancarios, a los que se ha alimentado económicamente por diversas vías, tales como transferencias de inmuebles de propiedad estatal/autonómica, subvenciones directas, pagos por supuestos reciclajes y cursos de formación, ayudas y avales estatales, etc.

A continuación hago algunas propuestas, que probablemente podrían ampliarse después de un detallado estudio de los Presupuestos correspondientes en cada administración.




 Sobre la reducción de los capítulos presupuestarios de Gastos y Transferencias Corrientes y de Capital,  del Estado central y autonómico.
PROPUESTAS
  • - Recuperación por el Estado central de las competencias cedidas a las CC.AA., sobre recaudación de Impuestos del IRPF y IVA, hasta los niveles existentes en 2004, pasando de la situación actual citada del 36% del Gasto Público total, a un máximo del 25% (11 puntos menos) existente como hemos citado en Alemania a sus comunidades forales, evitando también con ello procedimientos administrativos de recaudación dobles.
Es necesario pues, recuperar esta cesión de impuestos realizada a algunas CC.AA., ampliando la capacidad recaudadora del Estado.
Tal situación de reducción de pagos realizada por el Estado a las CC.AA., se verían incrementados y favorecidos por los importes concernientes al Gasto de aquellos ministerios, tales como la Educación y Sanidad, cuyas competencias considero que deben volver al Estado central para su mejor funcionalidad y mayor ahorro.

  • - Reducción o eliminación de los Gastos Corrientes en Bienes y Servicios (cap.2, con un Presupuesto Total Estatal en 2011 de 3.385 m.€), concernientes en pagos de arrendamientos, con su posible sustitución por inmuebles el Patrimonio Público; reparaciones y mantenimientos que no hayan sido otorgados mediante concurso público; estudio detallado sobre el gasto de material, suministros y otros; pagos de indemnizaciones no recogidas de forma previa en los presupuestos; gastos de publicaciones no establecidas previamente en los Presupuestos, así como compras, suministros, etc..
Todos estos Gastos deberán haber sido justificados y aprobados de forma previa por la Intervención General del Estado/CC.AA.

  • - Anulación de Tarjetas de Crédito asignadas, en todos los puestos de carácter político y de la administración estatal/autonomías, así como los gastos por representación, dietas o cualesquiera otros que estuvieran adscritos al cargo desempeñado.
Reducción de vehículos oficiales adscritos a políticos electos, salvo en los puestos ejecutivos considerados indispensables para el desempeño de la función pública que se representa. En los servicios necesarios se estará a los vehículos de servicio, existentes en todas las administraciones públicas.

  • - Las Transferencias corrientes (cap.4, con Presupuesto Total Estatal en 2011 de 46.177 m.€), Subvenciones y Asignaciones a Estudios, Informes, Asociaciones, etc., encargadas/otorgadas por los Ministerios/Consejerías a empresas privadas, familias e instituciones sin ánimo de lucro, o otorgadas a políticas del exterior, cuya necesidad no haya sido previa y debidamente autorizada por la Intervención General del Estado/CC.AA., y que no se encuentren sujetas al cupo del 0,7% establecido en el IRPF como de libre designación por el ciudadano.


  • - Establecer legislativamente la imposibilidad de primar con Transferencias de Capital (cap.7, con Presupuesto Total Estatal en 2011 de 7.728 m.€), a determinadas CC.AA./ Entidades Locales/Empresas privadas/Exterior/ o instituciones sin ánimo de lucro  que no se encuentren incluidas y justificadas en Presupuesto y previamente aprobadas por la Intervención General del Estado.
  • - Se establecerá legislativamente la imposibilidad de realizar por el Gobierno consignaciones de pagos, inversiones en infraestructuras o cesiones de crédito, etc., a grupos políticos, CC.AA. y otros, que sirvan para obtener de los grupos con representación parlamentaria o diputados electos, su “apoyo parlamentario” en votaciones legislativas tanto de la Cámara Baja como en la Alta.

  • No se podrán, por los Partidos Políticos, ofrecer en campañas electorales, prebendas a ciudadanos o grupos sectoriales de ninguna naturaleza, realizadas con Dinero Público, para la obtención del voto. Tales prebendas, de existir, deberán ser sufragadas por los propios Partidos Políticos, con las consignaciones presupuestarias que la Ley actual les otorga, en función del nº de votos obtenidos y "nunca del erario público".




“ El poder tiende a corromper, y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente “.
John Edward Dalberg. Lord Acton

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